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¿Qué posición pueden asumir las leyes chilenas ante el escándalo SOFOFA

La Sociedad de Fomento Fabril de Chile ha venido encabezando titulares durante las últimas semanas, y al parecer continuará haciéndolo por algún otro tiempo. El llamado escándalo SOFOFA, o “Sofofagate”, tiene tantos aristas e interpretaciones como involucrados. Igualmente, sus efectos y consecuencias ya están marcando un hito legal que nos interesa sobremanera comprender en toda su magnitud. Veamos entonces de qué se trata.

 

 

¿Qué es la SOFOFA y cuáles son sus funciones?

De acuerdo a su página web:

La SOFOFA es una Federación Gremial, sin fines de lucro, que reúne a empresas y gremios vinculados al sector industrial chileno.

Agrupa a cerca de 4.000 empresas, 43 asociaciones sectoriales y 14 gremios empresariales regionales. Todos estos miembros en conjunto engloban el 100% de la actividad industrial de Chile y el 30% del PIB. (…)

Misión
Promover el desarrollo sostenible del sector industrial y el crecimiento económico del país, impulsando y proponiendo políticas públicas que fomenten la inversión, el emprendimiento, la capacitación permanente de las personas, la generación de empleos y la adecuada inserción de la actividad privada en su entorno. Junto con ello, estimular la iniciativa privada, el libre mercado, y la apertura al comercio exterior.  

Entonces, la Sofofa es un gremio o asociación de empresarios unidos para impulsar los diferentes sectores de la actividad económica chilena. Con profundo abolengo, la Sofofa siempre ha sido parte esencial del hacer empresarial y del desarrollo económico del país. Cabe destacar que la Sofofa ha soportado embates sociales y crisis; y en esos momentos, ha aportado soluciones para la reestructuración económica cuyas repercusiones trascienden las fronteras.  Analicemos esta crisis que ahora protagoniza, y atrevámonos a interpretar sus desenlaces.

 

 

Los hechos

Frente al acto de conseguir los dispositivos en las oficinas de varios altos funcionarios de la Sofofa, se barajan toda clase de hipótesis: Espionaje industrial; conspiración; traiciones; situaciones domésticas; altos funcionarios; tráfico de influencias. Una trama abierta todavía con todos los elementos para hacer una película que también hace las mieles de titulares amarillistas. Sigamos los acontecimientos cronológicamente:

 

SOFOFA

A partir de entonces, el caso ha caído en una especie de letargo o silencio que llama poderosamente la atención; especialmente por las implicaturas legales que conlleva, y las variopintas hipótesis que se ofrecen al respecto. Y hablando de ellas:

 

 

Las hipótesis

Grosso modo, se barajan 6 hipótesis no oficiales:

  1. Intervención directa del Estado. Según esta hipótesis, el mismísimo Estado estaría tomando acciones secretas e ilegales para restarle credibilidad al gremio frente a los desafíos y críticas que el gremio formula en contra del gabinete.
  2. Autogolpe. Esta segunda conjetura implica el trabajo interno para causar ruido en el proceso electoral chileno.
  3. Boicot. Este tercer supuesto persigue el mismo objeto, pero dirigido a la elección interna que tendría lugar el pasado 30 de mayo.
  4. Tráfico de influencias. En este lugar encontramos encontramos la motivación de acceder a información confidencial, y un juego de mafias internacionales tras ella.
  5. Fiscalización. Aunque no queda muy claro el móvil último detrás de esta hipótesis, se piensa que pudiese estar en desarrollo una investigación a la Sofofa; o a una de sus empresas sociales. Esta tesis cobra fuerza luego de que la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile (Asoex) formalizó una querella el día 07/06 por los mismos hechos.
  6. Relaciones de Pareja. Esta última es cortesía del candidato a la presidencia, Sebastián Piñera. Cabe destacar que no ofreció mayores detalles respecto a hechos que pudiesen soportar esta hipótesis; y que la misma le han valido reproches e incluso, burlas.

En todo caso, lo cierto es que detrás de cada una de ellas está el hecho innegable de que se cometieron delitos informáticos y contra la privacidad de las personas. Es momento entonces de ver en detalle qué implicaciones legales traen.

 

Hablan las partes

 

La Fiscalía

Por su parte, los fiscales asignados que adelantan las investigaciones del escándalo Sofofa, Lorena Parra (Jefa de la Fiscalía de Las Condes); y Roberto Contreras (Jefe de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía de Las Condes), precalificaron el caso como infracciones a la Ley de Delitos Informáticos; a la Ley de Telecomunicaciones, artículo 36 B y artículo 161 del Código Penal, relacionados con la intercepción de comunicaciones privadas.

 

Los afectados

Por otra parte, llama muchísimo la atención la dilación del gremio para hacer la denuncia correspondiente ante los entes competentes. Esta actitud se hace más sospechosa al recordar que, antes de hacerlo; los directivos de la Sofofa se decantaron por contactar a un investigador a título privado para manejar el caso antes de dar parte a la Fiscalía.

Sin embargo y a propósito de esta acción, Gustavo Balmaceda, el mismísimo Director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Andrés Bello, comentó:

“la demora en denunciar no me parece poco razonable, en Chile hay un mal ejercicio del procedimiento penal, yo sugiero siempre hacer una pericia previa antes de tener fundamentos”.

Aunque al margen del debido proceso (Cap. III, Art. 19, Num. 3° de la Norma Decreto 100, Constitución Política de la República de Chile, Constitución 1980; y Art. 84 del Código Procesal Penal o Ley Nº 63 del 28 de agosto de 2008); esta recomendación responde a la realidad y la práctica del derecho que nos envuelve en Chile. En todo caso, conviene siempre mantener en relieve lo que profesa la ley, la cual es clara y bastante específica.

 

 

El Derecho

Al revisar ampliamente los fundamentos de derecho en Chile, estamos de acuerdo con los calificativos otorgados por la Fiscalía. El escándalo Sofofa está claramente enmarcado dentro de las bases de los delitos informáticos, y también en los de la violación a la vida privada.

 

En este sentido, el Sofofagate encuadra dentro de los preceptos contenidos en la cortísima Ley 19223 de las Figuras Penales Relativas a la Informática del 28 de mayo de 1993; y particularmente en sus artículos 2°; 3°; y 4° respecto al tratamiento de la información; la forma como fue obtenida y las penas que este acto acarree, entre las que figuran el presidio en grados de mínimo a medio.

 

En el mismo orden de ideas, los hechos descritos también se encuentran tipificados en la Ley 19628 sobre a la Protección a la Vida Privada del 17 de febrero de 2012 en sus artículos:

  • 7°; de la protección de datos personales y la obligación de guardar secreto en torno a ellos;
  • 9°; de la naturaleza de la utilización de los datos personales obtenidos de manera legal; y el derecho a indemnización en caso de perjuicio;
  • 10°; del uso y tratamiento de los datos sensibles; y
  • 23°; de la acción legal y civil que conlleva la violación de cualquiera de los artículos contenidos en la ley; así como los montos y parámetros aplicables a la indemnización, respectivamente.

El escándalo Sofofa incurre en el delito tipificado de espionaje informático que compromete la privacidad de la información manejada por figuras públicas. Esta acción encuadra como dolo específico en figura agravada.

Finalmente, cabe señalar las penas aplicables a estos delitos de acuerdo a doctrinas y jurisprudencias señalan de entre 3 y 5 años de encarcelamiento.

 

 

Las conclusiones

 

En primera instancia, lo que salta a la vista del escándalo Sofofa es el hermetismo con que se ha manejado desde el principio, y lo accidentado del proceso. Todo ha contribuido a perjudicar la imagen del gremio y a acentuar la necesidad de endurecer el contexto legal vigente.  

 

Dicho de otra forma, las acciones punitivas contra este tipo de delitos son todavía exánimes; lo cual dificulta la ejemplificación y la contundencia del mensaje que necesita mandarse contra los delitos informáticos. Los castigos deben ser proporcionales a la alta sofistificación tecnológica e inteligencia empleadas por los criminales que los ejecutan. Asimismo, deben supervisarse los mecanismos para acceder a ellas.

 

Aunque el proceso contra el escándalo Sofofa se encuentra todavía en sus etapas tempranas; su desenlace eventual tendrá sin duda particular énfasis en mantener los principios básicos de respeto hacia la privacidad de las personas y las instituciones.

 

Como colofón, se rescata esta cita a modo de reflexión de Daniel Álvarez Valenzuela, Abogado Profesor de Privacidad y Tecnología Facultad de Derecho, Universidad de Chile:

(…) desde una dimensión informacional, el derecho a la vida privada permite que las personas puedan libremente decidir qué información o antecedentes relativos a su persona pueden ser conocidos o accedidos por terceros, información sobre la cual cada persona tendría un cierto poder de control, el que se manifestaría a través de la posibilidad de consentir directamente, por ejemplo, el tratamiento de su información personal de carácter privada.

 

(…) Son estas últimas dimensiones de la vida privada las que más han evolucionado en la doctrina y jurisprudencia comparada, razón por la cual urge dedicarles un poco más de nuestra atención.

 

En Chile contamos con fortalezas suficientes para responder ante estos delitos. Queda pues revisar y actualizar dichas fortalezas para adecuarlas al momento histórico y tecnológico que vivimos.

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