Hasta el 23 de abril, más de 66 mil empresas se habían acogido a la Ley de Protección al Empleo en Chile, según la ministra del trabajo, María José Zaldívar. De esta cantidad, un 92,4% corresponde a micro y pequeñas empresas. Las medianas empresas sólo representan un 3,4% y las grandes apenas un 1,3%.
Las medidas de esta ley están disponibles para todas aquellas compañías que requieran su uso, sin importar su tamaño. La única condición es que la empresa realmente necesite de este beneficio o cumpla las condiciones legales para acogerse a éste. De no ser así, habrá sanciones por incumplimiento de la Ley de Protección al Empleo.
¿Qué pasa si se hace una mala utilización o se abusa de la legislación?
Esta nueva ley ofrece garantías para que no exista un mal uso o abuso de esta herramienta. Se han creado medidas disuasivas para ello, de manera que las empresas que se acojan al beneficio sin haberse visto afectadas por la pandemia, se enfrentarán a sanciones por incumplimiento de la Ley de Protección al Empleo como:
- Multas a beneficio fiscal.
- Prohibición de celebrar contratos con el Estado hasta por dos años.
- Penas desde 541 días hasta 5 años de cárcel.
- Devolución de los ingresos que hayan recibido ilegalmente.
Por ende, toda empresa que se aproveche de la legislación de forma inapropiada, recibirá sanciones por incumplimiento de la Ley de Protección al Empleo.
Fiscalización: la solución para evitar el abuso
Desde el Ministerio de Trabajo han indicado que la Dirección del Trabajo (DT) será la encargada de realizar la fiscalización de las empresas que se acojan a la ley para asegurarse de que realmente necesiten la medida. Si llega a detectarse un abuso, se llevará el caso a los tribunales civiles o penales, según corresponda.
La fiscalización minuciosa es importante ya que un uso ilegítimo de Ley de Protección al Trabajo podría hacer que el Fondo de Cesantía Solidario (FCS) colapse.
